Necesidad de financiación 6,3 millones de francos suizos
ANÁLISIS DE SITUACIÓN CONJUNTO
Desde principios de 2020, El Salvador ha enfrentado múltiples desafíos derivados de la pandemia de COVID-19 y los efectos de cuatro eventos climáticos extremos, incluidas dos tormentas tropicales y dos huracanes. Estos peligros naturales han exacerbado la vulnerabilidad de la nación, dejando a aproximadamente 1,7 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, según el informe de Revisión de las Necesidades Humanitarias de 2023.
El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, enfrenta desafíos importantes. La vulnerabilidad de la nación a las fluctuaciones económicas globales es significativa. En un análisis de la Economist Intelligence Unit, El Salvador fue identificado como el país latinoamericano más vulnerable al conflicto en Ucrania, con una puntuación de 4,14 sobre 5 en términos de susceptibilidad a shocks económicos externos.
La economía de El Salvador, después de enfrentar una recesión significativa con una caída del 8 por ciento en el PIB en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, ha mostrado una resiliencia notable con una recuperación al crecimiento del 11,2 por ciento en 2021, aunque se desaceleró al 2,6 por ciento en 2022. Se espera que la recuperación continúe y se prevé un crecimiento de alrededor del 2,8 por ciento en 2023, impulsado por el consumo privado, la inversión pública y el turismo. Sin embargo, la recuperación económica contrasta con el persistente problema de la pobreza extrema. A pesar de las mejoras en la tasa de pobreza general, que en 2021 volvió a los niveles más bajos previos a la pandemia, el nivel de pobreza extrema sigue siendo un desafío importante. Aumentó en 2022, manteniéndose 4,1 puntos porcentuales por encima de la tasa de 2019, lo que refleja las continuas disparidades económicas y destaca la necesidad de esfuerzos específicos para apoyar a las poblaciones más desfavorecidas. El país enfrenta muchos problemas sociales, especialmente una tasa de violencia históricamente alta. El nivel de violencia ha disminuido debido a las medidas de seguridad más estrictas impuestas por el gobierno nacional, lo que ha resultado en una reducción significativa en el número de muertes violentas. La migración de El Salvador, impulsada por una economía estancada, altas tasas de criminalidad y desastres naturales, ha llevado a alrededor de un tercio de la población salvadoreña a vivir en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, transformando profundamente las estructuras familiares y las relaciones de género en el país. En muchos casos, la partida de los hombres o de ambos padres transfiere las responsabilidades familiares a las mujeres o a miembros de la familia extensa, cambiando los roles tradicionales. El viaje en sí está plagado de riesgos, incluida la exposición a condiciones climáticas adversas, condiciones insalubres que provocan enfermedades y violencia, que plantean graves amenazas a la salud física y mental de los migrantes y causan traumas psicológicos que también afectan a las comunidades de acogida. Estas complejidades resaltan la necesidad de esfuerzos estatales para reducir los niveles de migración, que deben estar respaldados por una asistencia humanitaria integral para abordar las causas fundamentales y brindar respuestas efectivas a los desafíos que enfrentan tanto los migrantes como los afectados por este importante cambio demográfico.
En términos de índices de desarrollo, El Salvador tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio-bajo de 0,68, ubicándose en el puesto 116 entre 187 países y el 16 entre 20 en América Latina. Sin embargo, cuando se ajusta por desigualdad, el IDH cae a 0,485. El país ha mostrado avances en la reducción de la desigualdad de ingresos, con un índice de Gini de 0,38 en 2019, el más bajo de la región. Políticamente, el país ha experimentado cambios significativos en los últimos años, incluidos ajustes continuos en sus marcos constitucionales y legislativos.
