Por Lisandra Paraguasu y Fabio Teixeira
BRASILIA/RÍO DE JANEIRO (Reuters) – La cervecera brasileña Kaiser, propiedad de Heineken, fue agregada a una lista gubernamental de compañías responsables de condiciones laborales similares a la esclavitud publicada el viernes.
Kaiser figuraba como subcontratista de Sider, empresa de transporte que entregaba su cerveza al estado de São Paulo. Sider fue acusada en 2021 de someter a 23 de sus conductores, 22 venezolanos y un haitiano, a «condiciones similares a la esclavitud».
En un comunicado, Heineken dijo que no estaba al tanto de la situación en Sider, con la que ya no trabaja. Heineken también dijo que ha creado una herramienta para monitorear los problemas laborales que involucran a sus subcontratistas.
«Con respecto a la inclusión de Cervejarias Kaiser… en la lista, estamos trabajando activamente para resolver el problema», dijo Heineken en un comunicado.
Reuters no pudo comunicarse con Sider.
En una inspección realizada en marzo de 2021, los inspectores de trabajo descubrieron que los conductores de Sider trabajaban ilegalmente largas jornadas de hasta 18 horas al día sin tiempo libre remunerado. A pesar de las promesas de vivienda para los trabajadores, la empresa no la proporcionó. En cambio, muchos durmieron en sus camiones.
En Brasil, la esclavitud se define legalmente como trabajo forzoso, así como esclavitud por deudas, condiciones laborales degradantes y largas jornadas que plantean riesgos para la salud.
Los trabajadores venezolanos fueron reclutados a través de Operacao Acolhida, una iniciativa del gobierno federal para reasentar a los inmigrantes que llegan a Brasil y conectarlos con empresas que buscan trabajadores.
La lista de «trabajo esclavo» de Brasil se publica cada seis meses, y las empresas recién agregadas permanecen en la lista durante dos años si no se encuentra ninguna nueva infracción dentro de ese período.
Las empresas de la lista no pueden ofertar en contratos del gobierno federal ni recibir préstamos del gobierno. La lista también es utilizada por bancos privados para medir el riesgo crediticio y por compradores internacionales preocupados por sus cadenas de suministro.
(Reporte de Lisandra Paraguasu y edición de Brad Haynes)
